Examen mental al Presidente de México

Después de ver las locuras de Vicente Fox y los derrapones mentales de Felipe Calderón, resulta interesante la propuesta del vicecoordinador del PRD en el Senado, Ricardo Monreal, quien presentará una iniciativa de reforma Constitucional para que el Presidente de la República, secretarios, legisladores y otros servidores públicos, sean sometidos a exámenes, entre ellos el de salud mental. Aunque no sé si la mitomanía e ineptitud tengan cura.

También creo es necesario someter a los servidores públicos a exámenes de antidóping, control de confianza y polígrafo, e incluir constancia de antecedentes no penales. Con ellos, se garantizaría mínimamente que pueden desempeñar el cargo en integridad de facultades y que no están vinculados con el narcotráfico. Así se evitarían las sorpresas que tenemos en México con los gobernantes y su equipo, que al hacerse públicas generan sonrisas en los países avanzados debido a su folclorismo.

En México no podemos seguir siendo presas de la ineptitud de los integrantes de un partido político. Vemos que el PAN ha fallado por corrupción y simulación. Los head hunters (¿caza talentos?) que según utilizó Vicente Fox para contratar a los servidores públicos de su gobierno y el supuesto control del servicio civil de carrera (que inició borrando al ya existente desde 1985 y con él, los derechos de quienes ya trabajaban en el gobierno) ha sido una simulación para darles trabajo a amigos y miembros del partido, cuyo resultados estamos sufriendo.

Los exámenes de ingreso que ha aplicado el PAN han sido simulados y a modo. Nadie los sanciona. Los requisitos de ingresos para cada cargo deben estar publicados, incluyendo los requisitos de conocimientos y avalados por el Congreso de la Unión.

Pero la cosa no debe quedar ahí. También es necesario someter a estos exámenes a los miembros del Congreso de la Unión, al cual sería necesario agregar el haber cursado materias sobre el desempeño legislativo y sobre las comisiones a las que desean ingresar. Ya basta que estas se otorguen como cuotas partidarias. Exámenes de conocimientos y habilidades a legisladores garantizarían un mínimo requisito para que la sociedad no sienta que contrató un personal que raya en la “rebusnancia” que actualmente tienen la mayoría de ellos. Así también establecer mecanismos de control sobre el mínimo de desempeño legislativo que deben cubrir en sus funciones. En caso de que uno no cumpla podría quedar vetado para acceder a futuros cargos de elección Los candidatos a presidentes municipales, gobernadores y jueces también deben ser evaluados, lo mismo el ministerio público en cuanto su productividad.

Para la seguridad pública, regionalizar responsabilidades (que ya está) y evaluar el grado de “productividad de la delincuencia” en su zona. Llamarlos a cuenta por el índice de criminalidad existente.

Al término de cada gestión, evaluar el desempeño de cada funcionario y hacerlo público. La sociedad ya quiere saber qué hacen los servidores públicos y que el gobierno deje de ser un botín para los partidos políticos. Se debe someter a juicio la incompetencia.

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